La huelga magisterial de Perú de 2017 fue un paro realizado por los Maestros de la educación básica pública en el Perú que se desarrolló entre los meses de junio y septiembre de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Entre los principales reclamos de los maestros estuvieron el aumento de remuneraciones, el pago de la deuda social, la derogatoria de la Ley de la Carrera Pública Magisterial y el incremento del presupuesto en el sector Educación.
Una de las promesas de la campaña electoral de PPK había sido precisamente el aumento de los salarios de los maestros en todos los niveles. En marzo de 2017, por Decreto Supremo N.º 070-2017-EF, se oficializó el aumento para los docentes nombrados, pasando el salario mínimo de S/ 1554 a S/ 1780, con la promesa añadida de que para marzo de 2018 se elevaría S/ 2000. En lo que respecta a los contratados, se dispuso que los incrementos empezarían en noviembre de 2017.3 Sin embargo, se alzaron las voces de protesta desde el gremio magisterial, que aducían que la promesa de PPK había sido que el aumento de S/. 2000 sería a partir del año 2017 y no de 2018, y que en el 2021 debía llegar a 1 UIT, es decir, a S/ 4050. Esa fue una de las principales banderas de reclamo de los huelguistas.
Oficialmente las protestas iniciaron el 12 de julio.
Desde aquel día los diálogos entre los dirigentes gremiales y el Ministerio de
Educación (Minedu) no tuvieron fruto. Veamos un recuento de los principales
hechos.
Ya muchos meses han pasado desde aquel 12 de julio cuando los maestros iniciaron una huelga nacional indefinida. La decisión había sido tomada un mes antes, en una reunión en el Centro de Lima donde también se eligió a Pedro Castillo como el líder de la protesta.
12 de julio: En Cusco los profesores ya llevaban varios días en huelga. Aquel día bloquearon la vía del tren a Machu Picchu exigiendo un aumento de sueldo
14 de julio: Tras el anuncio de la huelga nacional, en Arequipa los docentes se sumaron a la medida. Puno, Junín, Ayacucho y Apurímac, con bloqueos en carreteras importantes, también se integran a esta manifestación. En total son 13 regiones.
24 de julio: PPK se refiere por primera vez sobre la huelga de maestros. Señala que existe una "motivación política más que pedagógica" detrás de ella.
Pedro Castillo, dirigente de los maestros en huelga. (Perú21) 27 de julio: No hay avances a un día del Día de la Independencia. Ministra de Educación, Marilú Martens afirma que hay infiltraciones del Movadef en la huelga. Anuncia primeras sanciones a los docentes que no asistan a clases, mientras que escolares marchan junto a sus maestros en Ayacucho.
28 de julio: PPK no se refiere en concreto sobre la huelga de maestros en su Mensaje a la Nación. Piura se suma a la huelga mientras los escolares de otras regiones se encuentran en riesgo de perder el año.
Sin embargo, los maestros consideraron que ellos no se hallaban representados en los acuerdos con el gobierno y continuaron con la huelga. El 8 de agosto y tras dialogar con el Gobierno, acordaron suspender la huelga los docentes de los departamentos de Cuzco, Lima, Pasco y Lambayeque. Sin embargo la huelgas continuaron acatándose en 18 departamentos del país. La razón principal de esta persistencia fue que las Bases del gremio magisterial no se consideraban debidamente representadas, ni por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP, ni por sus secciones regionales, ya que todas éstas estaban bajo el control de Patria Roja, partido político de izquierda que, lejos de su prédica marxista leninista, era acusado por los maestros sindicalistas como vende huelga y cómplice de los gobiernos de derecha. Si bien un muy minúsculo sector del profesorado también se agrupaba en el llamado CONARE (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep), facción afín al MOVADEF, que a su vez es el brazo político del extinto movimiento terrorista Sendero Luminoso, la gran mayoría de los docentes repudiaban tanto a este sector político como a Patria Roja, ya que consideraban a ambos como aburguesados y oportunistas que sólo buscaban colgarse de sus justas demandas.14
En oposición a la dirigencia del SUTEP, las distintas bases a nivel nacional empezaron a conformar el nuevo SUTE-Regional o simplemente SUTE-R, con una dirigencia más representativa del interior del país y dinámicas mucho más asamblearias y horizontales, aunque si bien aún conservaban la retórica mariateguista en sus mensajes. El nuevo dirigente de las bases a nivel nacional fue el profesor cajamarquino Pedro Castillo Terrones, quien laboraba como docente en una comunidad campesina de Chota, en Cajamarca.
El mismo presidente PPK se ofreció como mediador, invitando a los delegados de los maestros a reunirse con él en Palacio para llegar a una solución; solo los dirigentes del CEN fueron recibidos, junto a los dirigentes del Cuzco, más no a los representantes de las bases lideradas por Pedro Castillo, a quien el ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias insistía en relacionarlo con el MOVADEF senderista, pese a que el mismo Castillo había sido rondero en su natal Cajamarca, es decir, perteneció a la organización campesina que combatió a Sendero. Debido a ello, la huelga arreció aún más, con la llegada a la capital de los maestros huelguistas de las regiones, los que realizaron marchas en la ciudad y concentraciones en la Plaza San Martín.
Negociaciones
El día 16 de agosto, la ministra de Educación Marilú Martens se presentó a la comisión de educación del Congreso, donde se comprometió recibir a los representantes de las bases regionales de los docentes en huelga. Estos aceptaron la invitación. La noche de ese mismo día, el presidente PPK, en un mensaje televisivo a la Nación, exhortó a los maestros a deponer la huelga y retornar a los colegios. Al día siguiente, los congresistas de Fuerza Popular anunciaron que presentarían una moción de interpelación contra la ministra. Otros congresistas cuestionaron el hecho de que se procediera a la interpelación estando la ministra en proceso de diálogo con los huelguistas. Mientras tanto, el 18 de agosto, se inició el diálogo entre los especialistas del Ministerio de Educación y los dirigentes de los maestros, al que se sumaron cinco congresistas representantes de las diversas bancadas (exceptuando la de Fuerza Popular), que fueron en calidad de veedores, pero acabaron convirtiéndose en intermediarios.
Tras cuatro días de reuniones, se avizoraba un preacuerdo en el que figuraba que el piso salarial de S/2000 empezaría en noviembre de 2017, que se nivelaría a maestros contratados con los nombrados tanto en salarios como beneficios sociales, se programaría el pago de la deuda social, se permitiría la jubilación voluntaria de los maestros a partir de los 55 años de edad, entre otros beneficios para el sector magisterial. Sin embargo, cuando se esperaba solo la firma del acuerdo, los maestros anunciaron que no lo harían, cuestionando el hecho de que la ministra no los había recibido personalmente y se había servido de los congresistas como intermediarios. Pero según el informe de los congresistas, fue debido a que los maestros insistieron en que la evaluación de los docentes se suspendiera indefinidamente, y ese fue el punto en el que el Ministerio de Educación no quiso dar el brazo a torcer, al considerar que la meritocracia en la carrera magisterial era algo no negociable. Luego se aclaró que los maestros en realidad no se oponían a las evaluaciones, sino al procedimiento que se pretende aplicar, conocido como examen de rúbricas, al que califican de tener un carácter subjetivo y punitivo, que exigía a los maestros lograr el máximo de atención de los alumnos, muchos de ellos niños y adolescentes de diversas comunidades nativas y campesinas del interior del país, en país pluricultural como el Perú. Se señaló también al ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias por haber sido un elemento perturbador en las negociaciones, por sindicar sin ningún sustento al líder de las bases, Pedro Castillo, como cercano al senderista MOVADEF, y por decir que el gobierno no negociaría con esa clase de elementos.
Pese a que un gran sector del profesorado mantenía aún la huelga, el 24 de agosto el gobierno dio un decreto supremo oficializando los beneficios acordados en las negociaciones y se advirtió a los maestros que si no retornaban a las aulas a partir del 28 de agosto se procedería a la contratación de nuevos maestros.
Fin de la huelga
En la semana siguiente, se sucedieron las marchas de los maestros en la capital, que incluyeron enfrentamientos violentos con la policía. Hasta que el 2 de septiembre, el dirigente Pedro Castillo anunció la suspensión de la huelga, según acuerdo tomado en el Congreso Nacional Extraordinario de los SUTE regionales, aunque aclarando que se trataría solo de una suspensión temporal, y que volverían a la lucha si lo consideraban necesario.
